La Respuesta Estatal ante la Extorsión y el Sicariato en el Sector Transporte (2024-2026) a propósito de la promulgación del DS N° 009-2026-PCM: Decreto Supremo que dicta disposiciones complementarias en el marco de la Ley N° 32490, Ley que establece medidas extraordinarias contra los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y transporte de mercancías
1. Contextualización de la Crisis: El Transporte como Ecosistema de Coacción
La crisis de seguridad que asedia al sector transporte en el Perú ha evolucionado de ser un fenómeno delictivo recurrente a constituirse en una "Falla de Estado" de carácter sistémico. Esta situación no solo compromete la integridad física de los operadores, sino que representa una amenaza directa a la movilidad social y la estabilidad macroeconómica, dado que el transporte es el eje gravitacional del abastecimiento y el empleo nacional. La infiltración de la criminalidad organizada ha transformado las rutas en espacios de gobernanza criminal, donde las mafias disputan la soberanía territorial al Estado mediante un sistema de tributación ilegal institucionalizado.
Evaluación de la Problemática
El diagnóstico situacional revela indicadores de una gravedad sin precedentes en la historia reciente:
Récord Histórico de Denuncias: A octubre de 2025, el Ministerio del Interior reportó un pico de más de 23,000 denuncias por extorsión, evidenciando un desbordamiento de las capacidades preventivas tradicionales.
Costo en Vidas Humanas: El sector transporte ha registrado más de 85 víctimas mortales durante el año 2025, incluyendo conductores, cobradores y empresarios, utilizados como mensajes de "terror pedagógico" para forzar el sometimiento.
Erosión del Tejido Empresarial: La presión delictiva e insostenibilidad operativa provocaron el cierre definitivo de al menos 10 empresas de transporte durante el último ejercicio anual.
Mapeo de Actores Criminales
La arquitectura delictiva se compone de organizaciones que operan bajo lógicas de control territorial y "franquicias criminales":
Tren de Aragua (y facciones "Los Gallegos" / "Hijos de Dios"): Organización transnacional que ha penetrado paraderos estratégicos. Su modelo de "franquicia" permite a células autónomas ejecutar extorsiones bajo una marca de violencia extrema.
Los Injertos del Cono Norte: Liderada por Erick Moreno ("El Monstruo"), destaca por su inteligencia avanzada e infiltración en las hojas de ruta y horarios de las empresas, permitiendo ataques de precisión.
Los Pulpos: Organización con base en Trujillo y expansión en Lima, caracterizada por el uso intensivo de artefactos explosivos y "stickers" distintivos para marcar unidades bajo su coacción.
Los Michis: Grupo especializado en el control de paraderos y rentas ilícitas en Lima Norte y el Callao, vinculando la extorsión con el tráfico de terrenos.
La Batería de Panameños: Célula focalizada en el distrito de San Juan de Lurigancho, identificada por amenazas directas y ataques armados en la zona de Huáscar.
Impacto Económico e Institucional
La extorsión opera como un gravamen ilegal que altera la estructura de costos del servicio, impactando finalmente en la economía del usuario.
Establecido el diagnóstico de la violencia y su costo social, resulta imperativo analizar las debilidades del marco jurídico previo que facilitaron este escenario.
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2. Diagnóstico del Escenario Normativo y el Conflicto de la Ley 32108
La eficacia de la respuesta penal se vio severamente mermada por una brecha crítica entre la legislación penal y la realidad operativa. Lejos de actuar como un mecanismo de contención, ciertos aspectos de la normativa anterior fungieron como obstáculos procedimentales, elevando los estándares de persecución a niveles que la urgencia de la crisis no podía soportar.
Análisis Crítico: Los "Incentivos Perversos" de la Ley 32108
Desde un análisis de políticas públicas, la Ley 32108 generó incentivos negativos que favorecieron la impunidad de las estructuras criminales:
Redefinición de Organización Criminal: Al exigir el control de una "economía ilegal" o cadena de valor, se dificultó el procesamiento de bandas de extorsión y sicariato cuya estructura es jerárquica pero cuya renta es puramente coactiva.
Exclusión por Pena Mínima: El requisito de calificar como organización criminal solo a delitos con penas superiores a los 6 años permitió que cabecillas buscaran reclasificar sus conductas para eludir medidas restrictivas excepcionales, manteniéndose fuera del alcance de la justicia especializada.
Protocolos de Allanamiento: La obligatoriedad de la defensa técnica desde el inicio de la diligencia eliminó el factor sorpresa. Esto otorgó ventanas de tiempo críticas para que las organizaciones destruyeran evidencia digital, descartaran armas o coordinaran fugas.
Consecuencias de la Tensión Estado-Gremios
Esta configuración legal profundizó una crisis de legitimidad que desembocó en paros nacionales y movilizaciones masivas de transportistas. La percepción de un marco normativo "pro-crimen" forzó al Ejecutivo a diseñar una respuesta extraordinaria de carácter ofensivo.
Bajo esta presión surge la Ley 32490 como la piedra angular de una nueva estrategia estatal de contraofensiva criminal.
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3. Desglose Estructural de la Ley 32490: Medidas Extraordinarias
La Ley 32490 representa un cambio de paradigma hacia la "interoperabilidad sistémica" y la asfixia financiera. Su enfoque multidimensional busca proteger la continuidad del transporte como servicio estratégico nacional a través de tres ejes:
Eje de Prevención y Preparación: Se prioriza el control de flujos financieros mediante un monitoreo riguroso de la SBS y la UIF sobre transacciones que empleen eufemismos criminales tales como "cupos", "vacuna", "colaboración", "aporte", "paradero" o "seguridad". Un pilar fundamental es el Fondo de Riesgo y Garantía Estatal, el cual posee una lógica de "economía circular de la justicia", pues se financia directamente con los activos incautados mediante procesos de extinción de dominio.
Eje de Respuesta y Atención Inmediata: La norma impone la obligatoriedad a los gobiernos regionales y locales de otorgar acceso en tiempo real a sus sistemas de videovigilancia para integrarlos al sistema C5i. Asimismo, garantiza la protección de víctimas mediante mecanismos de reserva de identidad efectiva, utilizando códigos y claves para blindar la información frente a posibles filtraciones.
Eje de Reactivación y Recuperación: Se establece una arquitectura de reparación integral que incluye créditos blandos y apoyo financiero post-delito para empresas acreditadas por la UIF, asegurando que el atentado criminal no se traduzca en el cese de operaciones.
La operatividad de estas medidas se instrumenta a través del Decreto Supremo 009-2026-PCM.
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4. Análisis Operativo: Decreto Supremo 009-2026-PCM
El D.S. 009-2026-PCM dota de presupuesto y protocolos específicos a la Ley 32490, configurando el brazo ejecutor de la estrategia estatal con participación activa de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en apoyo a la PNP para el control del orden interno en zonas críticas.
El Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES)
Esta fuerza de tarea especial articula a la PNP, Ministerio Público y Poder Judicial bajo estrictos estándares de integridad:
Mecanismos de Integridad: Sus miembros están obligados a someterse a la prueba del polígrafo de forma semestral.
Régimen de Excepción: Cuentan con un régimen especial de remuneración y seguridad para mitigar riesgos de corrupción o amedrentamiento.
Capacidad de Investigación: Realizan rastreos de flujos ilícitos de manera conjunta con la SUNAT y la UIF, atacando el patrimonio criminal en paralelo a la persecución penal.
Innovación Tecnológica y Control de Movilidad
La norma introduce regulaciones tácticas para neutralizar la operatividad del sicariato:
Certificación de Rutas Seguras: El MTC acredita vías que cumplen con estándares de vigilancia C5i, integrando botones de pánico y cámaras en las unidades.
Restricción de Motocicletas: Se prohíbe la circulación de dos personas en una misma motocicleta en distritos en emergencia. Las sanciones son severas: 50 puntos y multa sustancial en la primera infracción, y la cancelación definitiva de la licencia en caso de reincidencia.
Extinción de Dominio Estratégica
Un avance jurídico fundamental es la implementación de la extinción de dominio "exprés" sobre fondos en billeteras electrónicas y cuentas bancarias. Conforme a la Segunda Disposición Complementaria de la Ley 32490, esta medida es independiente del proceso penal, permitiendo al Estado golpear la logística financiera de las bandas de forma inmediata y sin esperar una sentencia condenatoria.
Más allá de la rigurosidad técnica, el valor real de estas normas radica en su impacto en la seguridad humana del ciudadano peruano.
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5. Relevancia y Trascendencia para el Ciudadano Promedio
La transición de una postura defensiva a una ofensiva busca transformar la experiencia cotidiana del usuario del transporte. El éxito de estas políticas se mide en la recuperación del espacio público y la protección de la salud social.
KPI de Continuidad Operativa: El programa "Ruta Segura Restablecida" establece un indicador clave de desempeño (KPI) obligatorio: el restablecimiento de cualquier vía o servicio afectado por bloqueos o atentados en un plazo máximo de 72 horas, garantizando el abastecimiento y el derecho al trabajo.
Seguridad Humana y Salud Mental: Bajo el amparo de la Ley 30947, el Estado garantiza cobertura universal en salud mental para las víctimas y sus familias. Asimismo, se habilitan programas de reinserción laboral para trabajadores que, por amenazas, opten por un cambio de entorno productivo, siempre que estén inscritos en el registro oficial de víctimas del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC).
Conclusión Final
Este cambio de paradigma normativo reconoce que la extorsión en el transporte es un ataque a la dignidad nacional. Al integrar vigilancia tecnológica de punta (C5i), asfixia financiera inmediata e independiente (Extinción de Dominio) y un soporte humanista al afectado, el Estado peruano no solo persigue el delito, sino que construye un ecosistema de resiliencia. El objetivo final es devolver la tranquilidad a las rutas, asegurando que el esfuerzo del ciudadano sea el motor del desarrollo y no el combustible de la criminalidad organizada.
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