EL ESTATUTO DE INMUNIDAD PRESIDENCIAL Y EL DEVENIR PROCESAL DE PEDRO CASTILLO (2022-2026) A PROPÓSITO DEL ESCENARIO ELECTORAL
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1. Marco Conceptual y Definiciones Fundamentales del Conflicto
La actual controversia jurídica en el Estado peruano no es un mero litigio formal, sino una pugna por la integridad de la arquitectura constitucional. La delimitación técnica de conceptos constituye el primer paso crítico para resolver las tensiones entre los poderes, pues de la interpretación de las prerrogativas de mando frente a las facultades de control penal depende la viabilidad del sistema democrático. En este escenario, la precisión terminológica actúa como la única salvaguarda contra la parálisis institucional o la configuración de una zona de exención de control que desnaturalice el Estado de derecho.
Definición de Términos Clave
- Inmunidad Presidencial: Prerrogativa derivada del artículo 117 de la Constitución que protege al Jefe de Estado de ser acusado durante su mandato, salvo por supuestos taxativos (traición a la patria, impedir elecciones, disolver inconstitucionalmente el Congreso o impedir el funcionamiento de los órganos electorales).
- Antejuicio Político: Procedimiento de naturaleza político-jurisdiccional (Arts. 99 y 100 de la Constitución) que constituye un requisito de procedibilidad necesario para que el Congreso levante la protección de altos funcionarios y estos puedan ser procesados ante la justicia ordinaria.
- Menoscabo de Atribuciones en Sentido Estricto: Conforme a la Sentencia 152/2025, este vicio ocurre cuando, a pesar de que las competencias están delimitadas, un órgano las ejerce de forma inadecuada o prohibida, impidiendo que otro ejerza las suyas a cabalidad. No cuestiona la titularidad de la competencia, sino la trasgresión del principio de corrección funcional en el modo sustancial de su ejercicio.
Identificación de Actores y Roles
- Poder Ejecutivo: Busca preservar la dirección de la política general del gobierno (Art. 118.3) frente a lo que considera una interferencia judicial irrazonable.
- Ministerio Público: Titular de la acción penal (Art. 159), obligado a conducir la investigación del delito desde su inicio para evitar la pérdida de elementos de convicción.
- Poder Judicial: Administrador de justicia y garante de derechos fundamentales, encargado de autorizar medidas restrictivas y resolver recursos de defensa.
- Tribunal Constitucional: Órgano supremo de interpretación que actúa como árbitro final en conflictos competenciales, velando por el equilibrio de poderes.
Evaluación del Régimen Político
El modelo peruano posee una base presidencial histórica donde convergen las cuatro jefaturas en la figura del mandatario: Jefatura de Estado, de Gobierno, de la Administración Pública y Militar-Policial. Esta concentración exige una protección especial; cualquier afectación judicial indebida al Presidente repercute en la estabilidad de todo el diseño estatal. Estas definiciones sientan las bases para la interpretación histórica del artículo 117 como eje de estabilidad institucional.
2. Evolución Cronológica del Estatuto de Inmunidad en el Constitucionalismo Peruano
La historia constitucional peruana no es un registro inerte, sino una herramienta estratégica para interpretar los límites actuales de la responsabilidad del Jefe de Estado. La evolución de este estatuto refleja la tensión constante entre la necesidad de estabilidad funcional y el imperativo de justicia.
Análisis Comparativo Histórico
- Constituciones de 1860, 1867 y 1920: Establecieron una protección amplia donde el Presidente no podía ser perseguido durante su mandato, trasladando la facultad de acusación exclusivamente al Parlamento bajo una visión de prohibición absoluta de interferencia judicial.
- Constituciones de 1933, 1979 y 1993: Marcaron el tránsito hacia un régimen de excepciones taxativas. La Carta de 1993 consolidó en su artículo 117 los supuestos específicos en los que es posible romper la inmunidad, buscando un equilibrio entre la investidura y la rendición de cuentas.
Finalidad del Artículo 117
Derivado de los debates del Congreso Constituyente Democrático de 1993, la finalidad de este artículo es "otorgar seguridad al Presidente de la República para el ejercicio de sus funciones". Se busca evitar que el mandatario sea distraído por acusaciones que, en un clima de alta polarización, podrían ser instrumentalizadas políticamente para socavar la gobernabilidad.
Impacto de la Jurisprudencia Internacional
El control de convencionalidad obliga a reinterpretar la inmunidad para evitar la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos o corrupción sistémica. La inmunidad no puede ser un escudo absoluto; debe armonizarse con el deber del Estado de investigar el delito, integrando la base histórica con el conflicto competencial surgido en 2024.
3. El Conflicto Competencial: Expediente 00006-2024-PCC/TC
La demanda interpuesta por el Poder Ejecutivo resalta la tensión entre la dirección de la política general del gobierno y la eficacia de la persecución penal, alegando que las investigaciones fiscales obstaculizan irrazonablemente la Jefatura de Estado.
Cronología de la Controversia Jurídica (2024-2025)
- 25 de julio de 2024: El Ejecutivo interpone la demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.
- 20 de marzo de 2025: Contestación de la demanda por parte de los órganos emplazados, solicitando que se declare infundada.
- 16 de abril de 2025: Incorporación de Dina Ercilia Boluarte Zegarra como tercera interesada por parte del Tribunal Constitucional.
Argumentación del Ministerio Público y Poder Judicial
Las instituciones emplazadas sostienen la tesis de la "averiguación mínima", distinguiendo entre "investigar" y "acusar". Citando el Pleno Casatorio 1-2017/CIJ-433, argumentan que el fiscal no puede "permanecer inerte" ante la noticia criminal. Sostienen que el artículo 117 prohíbe la acusación ante el juez, pero no las diligencias preliminares destinadas a asegurar pruebas que podrían desaparecer con el tiempo.
Resoluciones Cuestionadas
El conflicto cristalizó en las siguientes actuaciones:
- Ministerio Público: Carpeta Fiscal 153-2024 (Disposición 1 del 10 de mayo de 2024), Carpeta Fiscal 277-2022 (Disposición 2 del 10 de enero de 2023) y Carpeta Fiscal 68-2024 (Disposición 1 del 18 de marzo de 2024).
- Poder Judicial: Resolución 1 (Exp. 00018-2024), que reprodujo fundamentos de la interpretación del artículo 117 realizada previamente por la Corte Suprema en el Recurso de Apelación 131-2022/Corte Suprema (auto del 18 de noviembre de 2022), utilizado en el procesamiento de Pedro Castillo.
4. Sentencia 152/2025: Doctrina del Tribunal Constitucional sobre la Inmunidad
La Sentencia 152/2025, del 10 de julio de 2025, constituye el estándar vigente para el equilibrio de poderes, definiendo el modo constitucionalmente adecuado en que debe ejercerse la función fiscal frente a la Presidencia.
Análisis del Fallo y Fundamentos
El Pleno contó con la asistencia de los magistrados Pacheco Zerga (Presidenta), Domínguez Haro (Vicepresidente), Morales Saravia, Ochoa Cardich y Hernández Chávez. La decisión contó con los fundamentos de voto de Pacheco Zerga, Domínguez Haro y Ochoa Cardich, quienes destacaron el equilibrio institucional, frente a los votos singulares de Gutiérrez Ticse y Monteagudo Valdez.
El Eje Central: El Principio de Corrección Funcional
Según el Fundamento 6.iii de la sentencia, el menoscabo de atribuciones ocurre cuando un acto desvirtúa las funciones asignadas por el poder constituyente. El Tribunal establece que no se cuestiona la titularidad de la Fiscalía para investigar, sino el modo en que lo hace. Las actuaciones fiscales deben respetar la interdicción de la arbitrariedad y evitar la "sospecha permanente", garantizando que la justicia no sea utilizada como herramienta de desgaste o instrumentalización política.
Efectos en la Estabilidad Presidencial
El Tribunal advierte sobre el riesgo de una subrogación inconstitucional de competencias. Si la investigación fiscal dificulta irrazonablemente la ejecución de las funciones del Jefe de Estado (Art. 118.3), se vulnera el orden constitucional. Se proscribe así el sometimiento irrazonable de la figura presidencial a un estado de investigación que paralice la gestión pública.
5. El Proceso de Pedro Castillo: Hacia la Audiencia de Cuestión Previa (2026)
El proceso contra Pedro Castillo Terrones pone a prueba la legitimidad del sistema judicial ante la denuncia de vicios procesales que podrían invalidar años de instrucción fiscal.
Análisis de la Estrategia de Defensa
El 17 de marzo de 2026, la defensa de Castillo interpuso una Cuestión Previa, invocando la vulneración de los artículos 4° y 450° del Código Procesal Penal. Argumentan que se ha omitido un requisito de procedibilidad fundamental: el procesamiento de un alto dignatario debe recaer en un magistrado supremo titular de la Sala Penal y no en un juez designado mediante resolución administrativa de menor jerarquía.
El Rol del Juez Juan Carlos Checkley Soria
La controversia sobre el Juez Checkley, a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, radica en su estatus de juez designado administrativamente. La defensa sostiene que esto constituye una subrogación inconstitucional de competencias y una vulneración del debido proceso, exigiendo la nulidad de lo actuado por falta de competencia orgánica del magistrado instructor.
Consecuencias de la Audiencia del 8 de abril de 2026
La audiencia del 8 de abril de 2026 definirá el curso del caso "Organización Criminal". Los escenarios son:
- Nulidad y Retroacción: De declararse fundada la cuestión previa, el Ministerio Público se vería obligado a retrotraer las investigaciones a etapas iniciales, invalidando testimonios de colaboradores eficaces, embargos y peritajes ya acumulados.
- Ratificación: Se validaría la estructura del juzgado, permitiendo la continuación hacia el juicio oral.
6. Perspectiva Cierre: El Factor Castillo en el Horizonte Electoral Peruano
El caso Castillo trasciende lo jurídico para insertarse en la realidad sociopolítica de un país polarizado. La seguridad jurídica es el único dique contra la percepción de la justicia como herramienta de exclusión.
Importancia del Caso para el Sector Popular
Para un sector de la ciudadanía, el procesamiento de José Pedro Castillo Terrones es percibido como un fenómeno de persecución política. La pulcritud del debido proceso es, por tanto, esencial para evitar que la sentencia final sea leída como un acto de inhabilitación política arbitraria, lo que podría alimentar la inestabilidad en el próximo ciclo electoral.
El Rol del Sistema Judicial en el Periodo Electoral 2026
Bajo la presidencia de la jueza suprema Janet Tello Gilardi (Resolución Administrativa N° 000001-2026-P-PJ), el Poder Judicial enfrenta el reto de proyectar imparcialidad absoluta. Un cambio clave es la asunción de Víctor Roberto Prado Saldarriaga en la Presidencia de la Sala Penal Permanente, tras el cese por límite de edad (70 años) de César San Martín Castro. Este relevo en la máxima instancia penal será determinante para la confianza ciudadana en la resolución de los recursos de apelación y casación del caso Castillo.
Conclusión
La preservación de la democracia exige armonizar la lucha contra la corrupción con el respeto irrestricto al estatuto presidencial. El respeto a las garantías procesales y a la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la corrección funcional no es una concesión al investigado, sino un acto de defensa de la institucionalidad. Solo procesos impecables asegurarán que el sistema jurídico no sea instrumentalizado en la coyuntura política, garantizando la paz social y la vigencia de la Constitución.
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